ALFONSO SARRÍA ALMENARA

ALFONSO SARRÍA ALMENARA

Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Zaragoza (1899-1936)

Alfonso Sarría es el paradigma del político local republicano de talante progresista, aupado por sus vecinos a cargos de responsabilidad pública por su interés por la cultura, su honradez y su compromiso con la comunidad, que los fascistas fusilan en 1936, en los primeros momentos de la guerra, y cuyo calvario no acaba con su muerte, sino que la represión económica contra una familia empobrecida prosigue hasta el año 1945.

Alfonso nació en Casetas el 23 de enero de 1899 en el seno de la familia de los Sarría, casi un clan, originaria al parecer de la comarca de Tarazona. Sus abuelos, tejeros, se habían instalado en Casetas y su padre figuraba en el censo como labrador. La figura de su padre, Andrés Sarría, un labrador culto y honesto y al que sus vecinos solicitaban consejo, información en cuestiones de leyes y derecho y mediación en los conflictos, y al que apodaban "el abogado" le influyó en su forma de ser.

La temprana orfandad le obliga a dejar pronto la escuela y a trabajar para ayudar a mantener la casa en la que convivía con sus hermanas. Su esfuerzo e iniciativa le permitieron comprar uno de los primeros camiones basculantes que llegan al país, con el que se dedicó al negocio de los transportes.

Se casó con Joaquina Lisón Ezquerra (n.1903), mujer muy religiosa al igual que toda su familia, labradores muy estimados de Sobradiel, y se instalaron en el número 33 de la calle de San Miguel. La pareja tuvo dos hijos, Alfonso (n.1930) y Joaquín (n.1932), a los que su padre acompañaba orgulloso a la escuela. Su situación de propietarios de la tierra y de poseedores de un camión les permitía una suficiencia económica e incluso tener algún empleado, tanto para el transporte y el campo como para tareas domésticas.

La influencia de los valores paternos y su relación con el círculo de su primo Venancio Sarría, su cuñado Joaquín Causapé y el Casino Republicano de Casetas hace que en febrero de 1931 se afilie al Partido Republicano-Radical Socialista.

En las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, las últimas del reinado de Alfonso XIII y tras las que fue proclamada República, fue elegido concejal del Ayuntamiento de Zaragoza por el Distrito Segundo de las Afueras. En el año 1932 presidía el Sindicato Agrícola de Casetas y en 1933 fue nombrado Teniente de Alcalde del ayuntamiento zaragozano. Pero su principal escaño era el banco de la entrada de su casa, donde atendía a todos los vecinos sin distinción, porque como repetía con frecuencia: - "Yo soy el teniente de alcalde de todos y a todos tengo que atender"

Sus principales objetivos, desde su puesto de responsabilidad en el Ayuntamiento, fueron los de luchar contra el paro que la crisis del 29 había generado, el facilitar el acceso a la tierra a los campesinos y el desarrollar la calidad de vida en los barrios.

Así, promovió la urbanización de los barrios rurales para atenuar el desempleo entre sus vecinos, impulsó la formación de un padrón sanitario, defendió que los vecinos de la Alfocea no tuvieran que pagar un canon a un particular por unos terrenos que realmente eran comunales, que los de Mezalocha pudieran arrancar el esparto del monte comunal llamado del Litigio y recoger la leña necesaria para paliar su miseria, litigó para que los bienes comunales de los que se habían adueñado terratenientes volviesen a manos municipales e instó al consistorio a incautar las tierras yermas para su reparto entre el campesinado,lo que le llevó a la enemistad con el Duque de Solferino y otros grandes propietarios.

En Casetas, cuya entera propiedad agraria era del citado duque, propició una reforma agraria que permitió la expropiación de sus fincas y la distribución entre los colonos -labradores que tenían las tierras arrendadas al duque- e impulsó medidas que trajeran empleo al barrio: adoquinado de la carretera, plaza de las escuelas, las propias escuelas o la traída del alcantarillado al barrio.

Su hijo recuerda que trajo la comparsa de Gigantes y Cabezudos del Ayuntamiento de Zaragoza al barrio por primera vez y los Reyes Magos a las escuelas, pero que era tal su integridad, que sus hijos fueron los únicos que se quedaron sin regalos.

Era un hombre de pensamiento anticlerical, como buen republicano-radical, de tal modo que votó en contra de que las manifestaciones religiosas se desarrollasen fuera de los templos, aunque era muy apreciado por las religiosas que regentaban la Casa de Amparo -responsabilidad suya como teniente de alcalde- y muy respetuoso con la religiosidad de su mujer. En casa, recuerdan sus hijos, era contrario a los rezos del rosario, pero por amor y respeto a su mujer se arrodillaba. Joaquina también era tolerante con la visita y las tertulias de sus amigos anticlericales convencidos.

En 1935 solicitó el indulto para varios vecinos de Alcañiz detenidos en los sucesos revolucionarios de 1934 y en septiembre de ese año se dirige al Ayuntamiento y a las Cortes para que eviten el cierre de la Azucarera de Casetas, por el fuerte impacto sobre el empleo que implicaría en la zona y las pérdidas para los agricultores dedicados a la remolacha, cultivo que por aquel entonces era casi el carácter de monocultivo en el centro de la depresión del Ebro.

Después de la victoria del Frente Popular en febrero de 1936, Alfonso Sarría vuelve a insistir en la cuestión agraria y propone que el Ayuntamiento incaute todas aquellas tierras comunales que no estuvieran sembradas o que no tuviesen autorización para su explotación.

Tras el golpe de estado, algunos compañeros del Ayuntamiento vinieron a buscarlo para convencerlo de que huyera hasta que se normalizase la situación, pero se negó a ello: -"Yo no he hecho nada malo y no tengo por qué abandonar a mi mujer y a mis hijos"

El 31 de julio de 1936 fue detenido por la guardia civil del cuartel de Casetas y puesto a disposición del gobernador civil. Unas fuentes dicen que fue llevado a la prisión provincial de Torrero y otros a una checa que había en el Coso. En cualquier caso, el día 2 de agosto fue liberado y volvió a casa.

A los pocos días fue detenido de nuevo. El informe de comisaría dice que fue aprehendido, ignorándose quien lo hace, y llevado al cuartelillo de la guardia civil de Casetas y luego a Torrero. Los recuerdos de Dominica Tejero dicen que subió en un camión en el cuartel de la guardia civil junto con el alcalde de Casetas, Mariano Lozano Sesma, y que ayudaron a subir al camión a Amasvinda Melús y a Antonia Fornos. Sus familiares afirman que fue un grupo de falangista procedentes de Torres de Berrellén los que lo sacaron de casa y lo condujeron a Valdespartera, donde fue fusilado el 18 de agosto de 1936, a los 36 años.

Las penurias de Alfonso Sarría no acabarían tras su muerte. Joaquina consiguió recuperar el cuerpo de su marido, enterrado en una fosa en Torrero, para traerlo de vuelta a Casetas, pero todavía le queda un calvario de agravios.

En 1941 se le abre un expediente de responsabilidades políticas a Alfonso Sarría. Se le acusa de haber sido concejal de un partido adscrito al Frente Popular, de ser de ideología socialista antes del golpe de estado del 18 de julio y de no adherirse al mismo tras esta fecha, manteniendo su ideario socialista. Los tres cargos incriminatorios que utilizan para su condena son el haber sido concejal en el Ayuntamiento de Zaragoza por el Partido Radical-Socialista, el estar suscrito al semanario Hoy -publicación de Izquierda Republicana- y el de haber hecho de interventor en las elecciones a compromisarios para el nombramiento del Presidente de la República de abril de 1936 en favor de Pablo García, de Unión Republicana.

El expediente de Alfonso Sarría es ejemplificador de cómo funcionan los procesos de depuración que establece la Ley de Responsabilidades Politicas de febrero de 1939, en manos de quiénes se dejan las pruebas testificales incriminatorias y lo esperpéntico de los cargos que se les imputan a los acusados.

Los informes incriminatorios se encargan a los poderes en los que se apoya la represión del sistema franquista: los funcionarios de una policía políticamente depurada encuadrados en el Servicio de Investigación y Vigilancia de la Dirección General de Seguridad; al Gobernador Civil de la provincia nombrado por Franco; a miembros destacados del nuevo poder político que han militado durante el periodo republicano en partidos de la derecha; y a la Delegación de Investigación de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, lo que a la España franquista vendría a ser la Gestapo de la Alemania nazi.

El informe de comisaría adscribe a Alfonso Sarría a Izquierda Republicana, partido del que dice fue concejal, e informa de su participación en mítines, manifestaciones y conferencias de esta formación, y que votaba en los plenos de acuerdo a las directrices de IR. El resto de los informes lo ubican en el Partido Republicano Radical Socialista. Hay que recordar que una escisión del PRRS se integró en Izquierda Republicana en 1934.

La del concejal del Bloque Monárquico en Ayuntamiento, Francisco Cavero Sorogoyen, militante de falange en 1941, culpabiliza a Alfonso Sarría de haber quitado la Virgen del Pilar del salón del plenos del Ayuntamiento, considerándolo un elemento muy peligroso para el Alzamiento. El régimen de Franco le dio a Cavero en 1954 el título de Marqués de Lacar.

El informe de la Delegación Provincial de Información e Investigación de Falange lo tacha de francamente izquierdista, miembro del Partido Republicano Radical Socialista desde febrero de 1931 y suscriptor del semanario Hoy, de Izquierda Republicana, desde noviembre de 1934. Lo reconoce como activo propagandista del Frente Popular y ateo, aunque destaca su buena conducta pública. Recalca también su buena posición económica y el hecho de que su esposa y tres hermanos de ésta posean tierras en Utebo valoradas en unas veinte mil pesetas, susceptibles, por supuesto, de ser incautadas por los vencedores.

Sus crímenes, por lo tanto, son los de militar en un partido republicano de izquierdas, el haber sido concejal democráticamente elegido, el estar suscrito a un semanario de ideario progresista, el de haber prestado su apoyo a un candidato de la izquierda y su pensamiento ateo.

En las declaraciones también nos encontramos con defensas manifiestas de Alfonso. Su esposa, Joaquina Lisón, ante la amenaza de la sanción económica sobre la familia por la incoación del expediente, busca testimonios de miembros del nuevo régimen que avalen la honradez de su difunto marido e incluso que lo disfracen con un cierto beaterío que disculpe se republicanismo ante la España del nacional-catolicismo. Destacan el del industrial Juan Solans; el del párroco de Sobradiel, Miguel Martín; el de un pariente lejano, Pablo Val; el de un vecino, Gregorio Berges; el de un amigo de la infancia y ahora miembro de falange, Pedro Vicens; y el de la propia viuda, Joaquina Lisón.

Juan Solans Latorre es el propietario de la Harinera de Casetas. Es un industrial de una familia tradicionalmente unida a la fabricación de harinas en Zaragoza. Pertenece a esa élite económica y social que se encuentra fuera del punto de mira del sistema represivo. Además, Juan figura como militante de falange en 1941, supongo que como muchos otros que buscan su prosperidad dentro del nuevo régimen. Su declaración, no obstante, es inequívocamente de apoyo a la memoria de Alfonso Sarria. Declara que conocía a Alfonso desde 1926 y hasta su muerte, puesto que con su camión era transportista de la fábrica de harinas. Cuando el juzgado le interroga sobre la actuación política y social de aquel, sale en defensa de Alfonso Sarría, afirmando que desarrolló una buena y sana labor como concejal del Ayuntamiento de Zaragoza y defiende que en su fábrica siempre se dedicó a hacer su trabajo, cumpliendo con su misión y sin meterse en propagandas políticas. Se aprecia la intención de Juan Solans de proteger el patrimonio de la viuda de Alfonso, cuando declara que aquel sólo tenía un matiz ideológico izquierdista por influencia de su primo Venancio Sarría y que era una persona que incluso colaboraba como sacristán con la parroquia de Casetas, lo que parece poco probable.

La declaración del párroco de Sobradiel, Miguel Martín, señala la moralidad y honradez de Alfonso y el que el matrimonio dio una esmerada educación religiosa a sus hijos.

Los testimonios de Pablo Val Almenara y de Gregorio Berges Miguel son demostrativos de el miedo a la sospecha de desafección por el que pasaban quienes declaraban a favor de un represaliado. Ambos son naturales de la desaparecida localidad de Rodén y viven como labradores en Casetas. El primero es primo lejano del difunto Alfonso Sarría y el segundo dice conocerlo desde hace treinta años. Ambos reconocen el republicanismo de Alfonso, pero dicen desconocer si estaba afiliado a ningún partido de izquierdas. En su propia defensa manifiestan su analfabetismo y, como consecuencia, su desinterés por la política. La condición de iletrado en la España de la posguerra se asemeja a la de limpieza de sangre del siglo XVII, un atributo que te exime de la sospecha de intelectual republicano. Los dos de Rodén declaran que Alfonso “era persona honrada y amante de su familia, que hacía bien a todo el mundo sin tener en cuenta las ideologías políticas para nada”.

La cualidad de militante de falange del labrador Pedro Vicens Aznar también lo habilita para poder declarar a favor de Alfonso sin temor. Aunque Pedro había nacido en Ainzón, vivía en Casetas desde chico, siendo compañero de escuela de Alfonso Sarría y trabajando para él durante catorce años. Pedro lo reconoce como militante de la izquierda republicana, pero defendiendo que “en la vida privada era un excelente persona, amante de su familia y que a todo el mundo hacía favores”.

La declaración de Joaquina Lisón en favor de la memoria de su marido y en defensa del patrimonio de sus hijos es la más consistente y valiente. En ella, intenta mostrar el carácter absurdo de las acusaciones: ser concejal, estar suscrito a un semanario y colaborar en un proceso electoral.

Frente a la acusación de haber sido concejal por el Partido Radical-Socialista afirma que “si bien mi esposo perteneció al Partido Radical-Socialista y como representante del mismo fue elegido por elección popular  libre de todos los vecinos del Barrio de Casetas su representante Municipal, no es también menos cierto que jamás hizo propaganda en sentido socialista, que mucho menos votase acuerdos y mociones sectarias y antiespañolas, ya que su única actuación en el Ayuntamiento de Zaragoza, se limitó a defender a sus representados y a los intereses del Barrio por el que fue elegido, remitiéndome en este punto, al testimonio de todos los vecinos de Casetas, proponiendo como prueba de los asertos anteriores la declaración de los vecinos de Casetas, D. Pedro Vicens, D. Gregorio Berges y D. Pablo Val, sobre la certeza de mis aseveraciones”.

En lo relativo a la suscripción al semanario Hoy, dice “que no creo sea delito alguno el haber sido suscriptor de un periódico y que ni mucho menos sea penado, no solo por la Ley de 9 de Febrero de 1939, si no por Ley alguna y máxime si se tiene en cuenta que en aquel entonces en que él fue suscriptor dicho periódico se publicaba con la Autorización de la Primera Autoridad de la Provincia y ajustándose en un todo a la Ley de Imprenta”.

En lo relativo al último cargo que se le imputa, el de haber sido interventor representante del candidato a compromisario para la elección del Presidente de la República, D. Pablo García, defiende que “si lo fue de dicho señor, no lo fue precisamente por afinidad política, ya que dicho señor pertenecía a partido distinto que el del inculpado (Pablo García era de Unión Republicana y Alfonso Sarría del PRRS) y que, por lo tanto, lo fue puramente por compromiso particular y debido a la amistad particular que le unía con dicho señor, prueba de ello es que solo lo fue del mismo y de ninguno más”.

Gran parte del Expediente se dirige a definir los bienes del inculpado y de su viuda. La represión no se basta con la ejecución sin juicio, sino que busca una condena posterior que la justifique y, sobre todo, la ruina económica de su familia para borrar una incipiente clase media de carácter democrático.

El camión en el que el matrimonio basaba su negocio había sido requisado por los golpistas en 1936 y se lo habían devuelto, según declara literalmente el informe pericial, destrozado, y con un valor de 4.000 pesetas. Alfonso tenía un cahiz de tierra en Garrapinillos, con un valor aproximado de 1.000 pesetas. Joaquina declara un campo de dos cahices en Utebo, por valor de 4.000 pesetas,y otros ocho en Garrapinillos, que se tasan en 6.000. Además, tienen una deuda contraída con Joaquín Causapé Domeque por 6.000 pesetas. A esta situación hay que sumar el hecho de que Joaquina tiene dos hijos menores, que no ingresan nada y que se hallan estudiando por caridad en el colegio de la Salle.

Nada importan los testimonios que avalan la generosidad y honradez de Alfonso Sarría, ni lo ridículo de las acusaciones, ni su asesinato, ni la situación de orfandad de sus hijos. El tribunal lo declarará culpable y se incautarán de sus bienes, además de condenarlo a una multa de 500 pesetas que Joaquina Lisón pide pagar de modo aplazado hasta 1945.

La viuda y los dos huérfanos de Alfonso Sarría deben marcharse a vivir a Zaragoza,a la calle Ballestar. Joaquina, recoge Enrique Bernad de boca de sus hijos, cuando era preguntada acerca de lo sucedido, siempre contestaba: -"Siento dolor, mucho dolor, odio no" 

Alfonso Sarría Almenara tiene una calle en el barrio Casetas desde 2008.

Fuentes:

• BERNAD ROYO, Enrique Republicanos y República. Socialistas y republicanos de izquierda en Zaragoza y povincia (1931-1936)
• SÁNCHEZ VICENTE, Héctor El ayuntamiento republicano de Zaragoza: represión y olvido
• Fundacionaladren.com
• Expediente procesal
• TEJERO, Dominica